EDITORIAL EL PAÍS.
Cinco años después de que el PP modificara por decreto la ley que regula RTVE para poder designar en solitario, con la flamante mayoría absoluta de la primera legislatura de Mariano Rajoy, al presidente de la radio y la televisión estatal, la elección de este cargo vuelve a estar en manos del Parlamento. Una proposición de ley presentada por los socialistas y respaldada por 333 diputados devolverá a RTVE a la senda de la independencia. Tan significativo apoyo a una iniciativa parlamentaria es una muestra del potencial legislativo que tiene ante sí un Congreso fragmentado como es el actual.
Con la reforma que ahora echa a andar, RTVE recupera un modelo que nunca debió abandonar. El cambio propuesto por los socialistas afecta al sistema de elección de los órganos de gobierno del grupo estatal: los miembros del consejo de administración y el presidente. Tal como establecía la ley de 2006, aprobada durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, se requerirá nuevamente una mayoría cualificada en las Cortes para nombrar a los 12 consejeros, uno de los cuales desempeñará el cargo de presidente y deberá igualmente contar con el aval de dos tercios del Congreso.
Es tarea del Parlamento tramitar a la mayor brevedad estas correcciones. En toda democracia, los medios estatales están para atender las demandas de los ciudadanos y la radiotelevisión pública necesita un marco normativo que garantice la neutralidad política, la veracidad informativa y el pluralismo social. RTVE no puede seguir poniendo descaradamente sus telediarios o sus diarios hablados al servicio del Gobierno o del partido que lo sustenta. Retornar al consenso político para elegir a los máximos responsables es imprescindible para la regeneración de RTVE, un proceso que exige restaurar la credibilidad, mejorar la calidad y garantizar su viabilidad económica.