Enrique Bustamante Ramírez es catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Rafael Díaz Arias es profesor de Periodismo de la UCM.
Diversos editoriales y artículos en varios diarios analógicos y digitales han advertido seriamente en los últimos días del grave peligro de fracaso prematuro de la reforma democrática de RTVE, después de cinco años de clamor ciudadano. Las enmiendas aprobadas en el Senado de la proposición de ley ampliamente consensuada en el Congreso de los Diputados, no solo muestran que el Partido Popular –aprovechando su mayoría en la Cámara alta- sigue empecinado en su contrarreforma de 2012, sino que el PSOE, con su abstención y sus declaraciones comprensivas ante estas enmiendas, podría estar cayendo en la “tentación bipartidista”: la alternancia en el control y la manipulación del servicio público ejercida durante un cuarto de siglo que llevó a RTVE a su ruina financiera y a su desprestigio ciudadano.
La proposición de ley de junio pasado, pactada entre las tres principales fuerzas políticas de oposición y, resignadamente aceptada por el Gobierno tras intensos esfuerzos para paralizarla, fue saludada unánimemente como la gran oportunidad para la regeneración democrática del servicio público audiovisual, clave para la calidad de la democracia española. En su preámbulo, aceptado incluso por el PP en última instancia, se evoca el Consejo de sabios de 2004 y su informe, en el que algunos de los firmantes participamos directamente, para reivindicar con justicia el basamento de la ley de reforma de RTVE 17/2006. Pero, sobre todo, se diagnostica la situación actual de la corporación como “crítica”, por el desplome de su credibilidad y de su audiencia y por su asfixia económica, que llega a ser calificada de “situación límite”.
PSOE, Ciudadanos y Podemos impusieron esta propuesta “para recuperar la independencia y el pluralismo”, con medidas vitales como la vuelta al consenso parlamentario para la elección del Consejo de Administración de RTVE por dos tercios del Parlamento, su profesionalización e independencia por concurso público, el curriculum profesionalmente demostrado de sus miembros, la integración de nuevo de dos representantes sindicales como en 2006... Actuaciones parciales pero necesarias para cortar la sangría de espectadores y el desprestigio causado por la manipulación sistemática de sus contenidos, aunque solo constituyeran una base para otras medidas inmediatas de futuro, como la aprobación de un nuevo mandato marco y de contratos programa concretos, del reforzamiento de la independencia informativa y de la carrera profesional o la construcción de un modelo financiero estable y suficiente, y de la carrera profesional, la participación social o la conversión en un servicio público multimedia. Y que despertaron por ello nuevas esperanzas de un servicio público democrático, pese a las contradicciones mostradas entre algunos artículos del texto aprobado (de 12 y nueve consejeros al tiempo, de presencia o no de consejeros de los trabajadores).
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