EDITORIAL "EL PAÍS"
La regeneración institucional que con tanto énfasis han prometido los grandes partidos en los últimos meses no puede dejar de lado a la radio y la televisión públicas. Unos medios imparciales son síntoma de buena salud democrática, pero cualquiera que sintonice los canales públicos (estatales, autonómicos o locales) podrá comprobar que la independencia y el pluralismo brillan por su ausencia.
Especialmente crítica es la situación de RTVE, gestionada como si fuera la corporación audiovisual del PP. Cambiar la ley para nombrar un presidente afín, como hizo Mariano Rajoy tras llegar al poder en 2011, es impropio de un país occidental. Esta reforma, como se ha visto, ha provocado un rebrote del sectarismo y una caída de la audiencia. Los partidos están en la obligación de alcanzar un pacto de Estado que devuelva a la televisión pública la credibilidad informativa, y pueda así afrontar una programación de calidad y no contaminada por los canales privados, cuyo único objetivo es conseguir audiencia.
La nueva legislatura debe restablecer de manera urgente el consenso para nombrar un presidente de RTVE independiente, ajeno a los vaivenes electorales, comprometido con la defensa del pluralismo informativo y avalado por una mayoría cualificada del Congreso de los Diputados, como se estableció en la ley de 2006.